La autoridad ambiental detectó vertimientos ilegales al río San Miguel y suspendió de inmediato las operaciones de la planta.
En un hecho que marca un precedente en la defensa del medio ambiente en el Oriente Antioqueño, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) suspendió la actividad comercial de una empresa procesadora de aguacates en La Unión, luego de comprobar vertimientos ilegales de aguas residuales al río San Miguel. La medida fue impuesta tras una visita técnica de verificación, motivada por nuevas denuncias ciudadanas.
La investigación: respuesta a voces del territorio
Ubicada en la vereda San Miguel Santa Cruz, la planta fue objeto de inspección por parte del equipo de control y seguimiento de Cornare. Lo que hallaron fue preocupante: la empresa no contaba con el permiso legal para hacer vertimientos y, además, carecía de un sistema de ciclo cerrado para el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas por su actividad agroindustrial.
Estos hallazgos constituyen una infracción ambiental en condición de flagrancia, lo que motivó la suspensión inmediata de las operaciones por parte de la autoridad competente. La decisión se dio a conocer este viernes 11 de abril a través de un comunicado oficial de Cornare.
“Somos autoridad ambiental y actuamos para proteger nuestros ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos”, expresó la corporación a través de sus canales oficiales.
¿Por qué es importante esta medida?
La producción de aguacate ha crecido de manera acelerada en la región, generando empleo e inversión, pero también implicando grandes desafíos en términos de sostenibilidad. El vertimiento sin control de aguas contaminadas en fuentes hídricas puede afectar no solo la biodiversidad local, sino también la salud pública, el suministro de agua y los procesos agrícolas de comunidades que dependen directamente de estos recursos.
El río San Miguel es un afluente vital para la zona rural del municipio de La Unión. Contamina sus aguas representa una amenaza directa para cientos de familias que conviven con él a diario. Con esta medida, Cornare envía un mensaje claro: el desarrollo económico debe ir de la mano con el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Lo que sigue: una oportunidad para corregir
Aunque la suspensión es una medida drástica, no significa el cierre definitivo de la empresa. La planta procesadora podrá reanudar sus actividades si cumple con las exigencias impuestas por la autoridad ambiental, entre ellas:
- Instalar un sistema eficiente de manejo de aguas residuales (ciclo cerrado).
- Tramitar y obtener los permisos requeridos para los vertimientos.
- Presentar un plan de mejora que garantice la sostenibilidad ambiental de su operación.
Cornare, como parte de su enfoque preventivo y pedagógico, ha reiterado que está dispuesta a orientar y acompañar a los empresarios que se comprometan a cumplir con las normas y adoptar buenas prácticas ambientales.
La voz de la comunidad
Vecinos del sector, que habían presentado reiteradas quejas sobre malos olores y cambios en el color del agua del río, se mostraron aliviados con la decisión. “Lo que pedimos es respeto por la naturaleza. Esta vereda vive del agua, y no podemos permitir que se siga afectando por falta de control”, comentó uno de los líderes comunitarios de San Miguel Santa Cruz.
Esta situación también ha despertado un nuevo interés en la región sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de veeduría ciudadana ambiental. La participación activa de la comunidad fue crucial para que esta irregularidad saliera a la luz.
Un llamado a la corresponsabilidad
El caso de La Unión pone en evidencia la importancia de la articulación entre autoridades, empresas y ciudadanía para lograr un verdadero desarrollo sostenible. El reto no está solo en sancionar, sino en crear una cultura empresarial que entienda que el cumplimiento ambiental no es un obstáculo, sino una oportunidad para construir confianza y reputación en los mercados.
Desde Cornare, el llamado es claro: todos los actores económicos deben garantizar que su operación respete los límites ecológicos del territorio.
Conclusión: sostenibilidad con hechos, no solo palabras
La suspensión de esta planta de procesamiento de aguacates en La Unión es mucho más que una sanción puntual. Es una muestra de que en el Oriente Antioqueño hay instituciones atentas, comunidades vigilantes y un marco normativo que protege nuestros recursos naturales. Pero también es una oportunidad para que el sector agroindustrial reflexione, se adapte y avance hacia prácticas verdaderamente sostenibles.
Porque producir más no debe ser sinónimo de contaminar más. Y porque el crecimiento económico solo es verdaderamente valioso cuando se hace con respeto por la vida, por el agua y por las futuras generaciones.
