Mañana se conocerá el fallo en primera instancia contra Álvaro Uribe. Se trata de un proceso penal inédito contra un expresidente en la historia reciente de Colombia y que aunque poco o nada cambiará la percepción que ya tienen los colombianos sobre su inocencia o culpabilidad en este caso o sobre su legado, sí tendrá efectos políticos inmediatos.
A Uribe se le juzga puntualmente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, en un entramado de supuesto soborno a testigos que echó raíces en 2012. El caso comenzó con el senador Iván Cepeda como señalado por Uribe de manipular testigos para enlodarlo con paramilitares. Pero la Corte Suprema desvirtuó ese escenario en 2018, y en cambio decidió investigar al expresidente por la supuesta búsqueda de testigos falsos para defenderse en el mismo caso, permitiendo que Cepeda pasara de señalado a víctima. Ante ese viro, en 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado para que no lo investigara la Corte, sino la Fiscalía. Allí, bajo el gobierno de su ahijado Iván Duque, hubo dos intentos fallidos de preclusión.
Si es absuelto, el senador Iván Cepeda, principal víctima en este proceso, dice que respetará la decisión de la justicia. “No vamos a salir a decir que fue una decisión politizada, ni de lawfare. Respeto absoluto a la decisión, estudio de la decisión y sobre esa base, apelación de la misma y si es necesario llegar a la apelación, lo haremos pero en un tono respetuoso”.
Cepeda también dice que una condena contra Uribe debería tomarse con mesura. Afirma que, más que una victoria, sería la oportunidad para “exorcizar todos los pecados, mentiras y falsificaciones, y afrontar la verdad”. Incluso le da vuelo a la idea de un tribunal de cierre del conflicto, sobre la que ha vuelto el presidente en varias ocasiones: “Eso abre un nuevo capítulo en la historia de los países. Y Petro nunca ha rehuido a esa posibilidad”.
