Por: Alejandro Guarín
En Colombia, la palabra política suele estar asociada a campañas, cargos públicos, debates televisados, protestas en la calle o polémicas en redes sociales. Pero hay una política silenciosa, menos visible, que también está moldeando el país: la que ejercen, sin pretenderlo, miles de emprendedores que luchan por construir algo propio en medio de un entorno muchas veces hostil.
Emprender en Colombia es, aunque no siempre lo reconozcamos, un acto político y lo es cuando una madre cabeza de familia en un barrio convierte su cocina en un pequeño negocio de empanadas para sostener a sus hijos; cuando un joven, en lugar de migrar, decide abrir una barbería o crear contenido digital; cuando un campesino transforma sus cultivos en productos artesanales para vender en ferias locales. Cada uno, desde su realidad, toma una decisión profundamente política: no depender, no resignarse, no esperar a que el Estado lo resuelva todo.
Y, sin embargo, a medida que ese acto de valentía emprendedora crece, se topa con un sin fin de impuestos, trámites y barreras que muchas veces parecen diseñadas para desmotivarlos. Según el informe 2024 de Portafolio, Colombia registró un crecimiento del 24% en startups activas, alcanzando 2.126 en todo el país. Pero esa cifra, alentadora a primera vista, contrasta con otra más cruda: el 70% de las microempresas no sobreviven más allá del segundo año, según datos del DANE y Confecámaras. No por falta de talento o esfuerzo, sino por las condiciones que enfrentan.
Emprender en Colombia implica nadar contra la corriente; significa enfrentarse a la banca tradicional que exige garantías imposibles; significa lidiar con normativas que no diferencian entre una multinacional y un negocio familiar; significa, muchas veces, trabajar más de doce horas al día sin seguridad social, sin vacaciones, sin margen para el error.
Y sin embargo, ahí siguen, persistiendo, porque para muchos, emprender no es una elección glamorosa, es la única forma de ganarse la vida con dignidad; de salir del desempleo, de demostrar que sí se puede; de cambiar su propia historia, y en el camino, la de otros. Porque detrás de cada emprendimiento hay una red: una familia, unos vecinos, una comunidad que se beneficia y se inspira.
Por eso, decir que emprender es hacer política no es exagerado. Es reconocer que hay una fuerza transformadora en marcha, una ciudadanía activa que está resolviendo problemas que la política tradicional ha postergado durante décadas: el empleo, la equidad, el desarrollo territorial.
En ese sentido, al Estado y la sociedad le surgen diversos retos, como lo es dejar de ver a los emprendedores como beneficiarios y empezar a verlos como actores fundamentales del desarrollo. Apoyarlos no es un favor, es una estrategia inteligente. Implica simplificar trámites, democratizar el acceso al crédito, conectar la educación con la realidad del mercado, abrir espacios para que los productos locales lleguen más lejos.
En Marinilla, por ejemplo, existen cientos de historias de este tipo. Mujeres que crean marcas de cosmética natural, jóvenes que venden accesorios por Instagram, adultos mayores que ofrecen postres caseros desde sus casas. Esta es gente que transforma su talento en sustento, y su sustento en impacto. A menudo lo hacen sin plan de negocios, sin red de apoyo y en algunos casos con una minúscula inversión. Solo con intuición, disciplina y fe.
Necesitamos entender que el emprendimiento no es un plan B, es un proyecto de país, porque emprender no es solo sobrevivir: es proponer, es imaginar, es en últimas, ejercer ciudadanía desde la acción… Y eso, sin duda, también es hacer política.
