Mientras el senador Miguel Uribe Turbay permanece en estado grave tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio, el Consejo de Estado inadmitió la demanda que buscaba quitarle su investidura por supuesta campaña anticipada.
La decisión fue cargada al sistema judicial el 26 de junio. El caso quedó en manos del presidente del alto tribunal, Luis Alberto Álvarez.
La demanda fue presentada por Carlos Alberto Sánchez Grass, vocero de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y del sindicato Sinsergen. En el documento, Sánchez alegaba que Uribe, en su calidad de senador, habría incurrido en actos de proselitismo antes del inicio oficial del calendario electoral, con miras a promover su precandidatura presidencial.
El episodio que desató la controversia ocurrió en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, donde Uribe fue atacado con arma de fuego en medio de una reunión política. Los demandantes calificaron ese encuentro como un acto ilícito que, según ellos, puso en riesgo su vida y terminó desencadenando el atentado perpetrado por un menor de 15 años.
Aunque Miguel Uribe oficializó su intención de aspirar a la presidencia desde octubre del año pasado —en busca del aval del Centro Democrático para 2026—, las fechas legales para inscribir candidaturas inician el 31 de enero del próximo año y se cierran el 13 de marzo. Según el recurso, las acciones del senador vulneraban el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al hacer campaña por fuera de los tiempos permitidos.
Más allá del argumento jurídico, la demanda generó un fuerte debate público por responsabilizarlo directamente del ataque que casi le cuesta la vida, mientras el Senador aún se debate entre la vida y la muerte, internado en la fundación Santa Fe de Bogotá.
Finalmente, el Consejo de Estado decidió no admitir la demanda, cerrando así —por ahora— una discusión que mezclaba lo político, lo legal y lo humano en un contexto profundamente doloroso y que ha conmovido al país.
